El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la prisión preventiva que le fue impuesta como medida de coerción al exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, uno de los principales imputados por corrupción administrativa en la Operación Calamar.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que “el tribunal ha ratificado la medida de coerción consistente en prisión preventiva en el caso del imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, y, esta es la decisión que en derecho correspondía, toda vez que las defensas no aportaron un solo presupuesto nuevo como para que el tribunal decidiera en otra dirección”.
En ese sentido, agregó: “en cambio, nosotros aportamos al tribunal 18 presupuestos, entre estos, un interrogatorio que da cuenta de las maniobras realizadas por este imputado desde el Ministerio de Hacienda para el pago fraudulento de las expropiaciones”.
De igual manera, dijo: “depositamos al menos ocho de los querellantes que se han adherido, incorporado en este proceso, y depositamos ante el tribunal también las maniobras realizadas por Ángel Donald Guerrero Ortiz para pretender presionar, manipular el sistema de justicia dominicano con acciones que se han realizado a través de la contratación de un lobista con el único interés de procurar presionar el sistema de justicia dominicano”.
Destacó que “con esta decisión el sistema de justicia dominicano ha dicho a Ángel Donald Guerrero Ortiz que no se dejará chantajear de él y que las decisiones que habrán de tomarse, y es lo que nosotros esperamos, se tomen en base a derecho”.
Sobre el interrogatorio, dijo que esa persona aporta al proceso parte de las maniobras realizadas por Ángel Donald Guerrero para el pago fraudulento de las expropiaciones.
Camacho se refirió a la decisión del tribunal ante preguntas de la prensa luego de que concluyera la audiencia, donde representó al Ministerio Público junto a los fiscales litigantes Elvira Rodríguez y Arolin Lemos.
La jueza Patricia Padilla, titular de dicho tribunal, rechazó los pedimentos de la defensa y fijó para el lunes 11 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia para la revisión de la medida.
En el expediente de solicitud de medida de coerción el Ministerio Público indica que la red desmantelada con la Operación Calamar utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compras de inmuebles con sobrecosto.
Además, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
El pasado 4 de abril del año 2023, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción contra el exfuncionario gubernamental (2016-2020), la cual cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el abogado Ángel Lockward, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
